Editorial El Nacional:
Todavía pende de la decisión de la Cámara de Diputados, pero por la mayoría que controla el Gobierno puede darse como un hecho la derogación aprobada ayer por el Senado, de forma transitoria, de la ley que consigna un cuatro por ciento del Presupuesto para la enseñanza. De esa manera el Poder Ejecutivo se libera de las acusaciones y pretextos sobre la violación de la legislación 66-97.
Con la modificación consignada en adenda a la Ley de Presupuesto para 2011 no hay que pensar en pactos, cumbres, consensos ni en otros acuerdos ni negociaciones patrocinadas por el Gobierno sobre la educación que, en la práctica, se erigen como monumentos al fracaso.
La decisión emanada del Ejecutivo convierte en fuego de artificio o deja en mera retórica compromisos nacionales e internacionales asumidos por el presidente Leonel Fernández, como acaba de ocurrir en la Cumbre Iberoamericana en Mar de Plata, Argentina, a favor de más recursos para mejorar la calidad de la enseñanza en la región.
El Gobierno, que ha estado sometido a intensas presiones en torno a la violación de la Ley 66-97, cita la presión tributaria de un 13 por ciento, que considera muy baja, entre las causas por las que no dispone de recursos para asignar más de los 45 mil millones de pesos que representan el 1.98 consignados para educación.
Sin embargo, el sector empresarial e incluso funcionarios como Antonio Isa Conde sostienen que la presión fiscal supera el 20 por ciento, si se agregan la seguridad social y las cargas municipales. Otros estiman que con eliminar gastos como los 219 millones de pesos que se han repartido los diputados con motivo de las navidades, el barrilito de los senadores, las nominillas y otras erogaciones políticas se puede aumentar de manera sustancial el presupuesto de la enseñanza.
Podrá discutirse la aprobación de una ley transitoria para sustituir otra de carácter permanente e incluso el impacto moral de la decisión del Senado, pero de la modificación ser acogida por la Cámara de Diputados, como se prevé, el Gobierno se sincera al evidenciar que la enseñanza no está entre sus prioridades.
El 30 por ciento de los excedentes que se disponen para la construcción, remodelación y equipamiento de aulas es una compensación poco eficaz, pues desde un primer momento algunos especialistas han descartado que puedan superarse las recaudaciones previstas. El monto de la pieza es de unos 390 mil millones de pesos.
Con argumentos que parecían cada vez más débiles y contradictorios y ante el acorralamiento que suponía la violación de la ley que destina el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, el Gobierno ha optado, para poner fin a la discusión, por una salida no menos traumática. Porque modificar a estas alturas la legislación es tan censurable como la inobservancia en que se incurría.
Santo Domingo, R.D., sabado, 11 de diciembre de 2010.
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