Con accion se "legitima" el incumplimiento de la Ley
Reproducido de HOY
Carmen Matos
La aprobación de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo a la Ley de Presupuesto del 2011 deroga de manera provisional la Ley General de Educación 66-97, en lo que tiene que ver con el monto de la asignación presupuestaria a la cartera educativa. El artículo 55 indica: “se establece, con carácter transitorio para el ejercicio fiscal del 2011, un monto de gasto en educación inferior al que dispone la Ley de Educación, del 9 de abril de 1997”. La Ley dispone el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto.
La aprobación de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo a la Ley de Presupuesto del 2011 deroga de manera provisional la Ley General de Educación 66-97, en lo que tiene que ver con el monto de la asignación presupuestaria a la cartera educativa.
El artículo 55 indica: “se establece, con carácter transitorio para el ejercicio fiscal del 2011, un monto de gasto en educación inferior al que dispone la Ley de Educación, del 9 de abril 1997”.
La propuesta de modificación fue remitida por el presidente Leonel Fernández al Senado el martes pasado y aprobada ayer junto al Proyecto de Presupuesto, por RD$390 mil millones.
Otra de las modificaciones señala que el Poder Ejecutivo destinará el 30% de los ingresos adicionales que obtenga por encima de las recaudaciones estimadas en el Presupuesto del 2011 a educación para la construcción, remodelación y equipamiento de aulas.
Nefasto precedente. A juicio del economista Nelson Suárez, del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, el adendum del Poder Ejecutivo al Presupuesto dicta un “nefasto precedente” en términos del estado de derecho, ya que se está utilizando una ley transitoria para violar otras de carácter permanente.
Al referirse a la asignación de un 30% de los ingresos adicionales del Estado al sector educación, Suárez consideró que no impactará al gasto educativo, ya que se estima que el año próximo los ingresos del Estado no crecerán de forma representativa.
“El Gobierno lo que ha hecho en el adendum es reafirmar su vocación de incumplir la ley y de incumplir la voluntad de la sociedad que ha sido expresada claramente”, dijo.
Pobre visión. Para la profesora María Teresa Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el hecho de que los ingresos adicionales del Estado se limiten a la construcción y remodelación de aulas demuestra su “pobre visión” en torno a las necesidades del sistema educativo nacional.
Estado anárquico. Elizabeth Mateo del movimiento Toy Jarto manifestó su temor de que la violación de la Ley 66-97 pone en riesgo el estado de derechos y garantías, al tiempo que crea una situación de inseguridad.
En ese orden, Giovanni D`Alessandro de Acción Por la Educación (EDUCA), recordó que el presupuesto de Educación es violado doblemente, ya que se incumple la entrega del 4% del PIB y la creación del Fondo Nacional de Fomento a la Educación, que garantizaría la disponibilidad de recursos.
La ADP, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, EDUCA y Toy Jarto, son de las 195 organizaciones de la Coalición Educación Digna.
Las claves
1. Monto de Ley
El artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97 establece que el gasto público anual en la cartera debe alcanzar un mínimo de 16% del Presupuesto o 4% del PIB, escogiéndose el que fuere mayor de los dos.
2. Once años de violación
La Ley 66-97 es violada por el Estado dominicano desde hace once años, ya que nunca se ha cumplido con el monto mínimo de inversión establecido, aunque fue promulgada en 1997, daba un plazo de dos años para su entrada en vigencia.
3. Primera vez
A pesar de ello, es la primera ocasión que una norma legitimiza el incumplimiento del monto de inversión en Educación establecido en la Ley 66-97, lo que causó alarma entre las organizaciones de la campaña “por el 4%”, que están agrupadas en la Coalición Educación Digna.
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