Pedro P. Yermenos Forastieri
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Los elocuentes antecedentes de la constitución de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, en los cuales se simuló un procedimiento transparente para atraer a profesionales respetados y luego hacer una selección absolutamente apañada y divorciada del proceso que se había agotado, deben servir de advertencia para que en este caso, el de la elección de los altos tribunales, no nos forjemos ilusiones que lo más probable es que se estrellen contra la cruda realidad de la politiquería criolla. Leonel Fernández, como es lógico suponer, está preservando su futuro político y creando las condiciones para facilitar su retorno al poder. En esa circunstancia, sería de tontos suponer que algo de tanta trascendencia para ese porvenir, lo vaya a dejar al azar o en manos de personas que no le merezcan absoluta confianza. Con el control de estos organismos, más su avasallante predominio en otras instancias decisivas, será imposible, para el próximo primer mandatario, ejercer el poder sin la participación protagónica del actual presidente. Ese es el escenario que él se ha cuidado de crear con esmero, tal como lo han hecho todos los gobernantes que priorizan su situación particular por encima de las conveniencias democráticas. Qué oportunidad tan brillante para consolidar un sistema que no termina de erigirse en una auténtica expresión de fortaleza institucional. Se habrá perdido, como siempre, por procurase la gloria y el beneficio de quienes, en cada oportunidad, han procedido como jefes indiscutibles del reinado dominicano.
Todos y todas, sin excepción, estamos expuestos a ser usuarios de los tribunales que se van a constituir y, en ese potencial escenario, es decisivo para que pueda establecerse una situación caracterizada por la equidad y la justicia, que los mismos estén formados con la debida idoneidad. Es lo único que nos permitiría tener confianza absoluta de que ante una eventual vulneración de nuestros derechos, el atropello pueda ser restablecido de manera eficaz.
En ese sentido, es loable el esfuerzo que están desplegando diversas entidades sociales con el propósito de incidir en el Consejo Nacional de la Magistratura para que esté a la altura de las expectativas y constituya estos organismos a partir de criterios que sean capaces de garantizar el cumplimento irrestricto de los propósitos para los cuales existirán.
Esa cruzada se ve robustecida en su autoridad porque esas instituciones no están sugiriendo nombres, sino que se han dedicado a enfatizar la necesidad de ser rigurosos en las variables a considerar y, lo más importante, han llamado la atención sobre la necesidad de utilizar métodos científicos de selección de personal, que es algo a lo que debe recurrirse siempre que se pretenda actuar con responsabilidad en una tarea tan delicada como esta.
Como algo que parece oponerse a esa aspiración de transparencia, se menciona el carácter político, tanto del Órgano llamado a integrar los tribunales, como su composición. Qué lástima, el ejercicio de la política percibido, con razón, como algo tan degradado, que es el obstáculo para alcanzar lo bien hecho.
Lo grave es lo sustentado que está ese temor de que la politiquería haga añicos la oportunidad de consolidar la inefectiva democracia que padecemos. Por encima de otras consideraciones está el hecho de que esta constitución de tribunales coincide con la salida del poder de quien controla el organismo facultado para dicha integración.
Habría que ser iluso para suponer que el presidente desperdiciará la ocasión de influir en la constitución de órganos judiciales y un tribunal constitucional que respondan a sus intereses, lo cual se maximiza si se recuerda que son altas las posibilidades de que su partido pierda las elecciones del próximo año.
Si actuó de esa forma en la integración de la JCE y la CC, con mayores razones lo haría ante órganos decisivos para su futuro y, sobre todo, para su no disimulado propósito de retornar al solio presidencial en un lapso de 4 añitos.
Santo Domingo, R.D., viernes, 26 de agosto de 2011.
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