Editorial El Nacional
Como si se pretendiera romper algún récord mundial de excentricidades, un diputado ha sometido un proyecto de ley para que el Estado, de sus muy abundantes arcas, provea de un salario a los suplentes de regidores, lo que significaría crear una macrocefalia burocrática que incorporaría al erario a miles de conmilitones políticos.
Como para guardar la apariencia, el diputado Aquilino Serrata (PLD-Santo Domingo) propone que esos sustitutos de regidores sean designados alcaldes pedáneos y se les provea de un sueldo equivalente al 75 por ciento del que percibe el titular, que nunca podría ser menor a dos salarios mínimos.
Antes, cuando la República no estaba contaminada por el cruento clientelismo que hoy padece, los regidores electos o designados no percibían sueldos o salarios, pues su labor estaba señalada en la ley como honorífica y aun así se requería para desempeñar esos cargos, que el aspirante fuera un munícipe dotado de prestigio y calidad cívica.
En estos tiempos de cólera moral, ediles de ayuntamientos grandes y pequeños se han hecho aprobar salarios de lujo y otros privilegios pecuniarios que se cargan a cuenta de la municipalidad, sin contar los evidentes casos de tráfico de influencia que se suscitan o se denuncian en no pocas salas capitulares.Ese legislador, que debería emplear su tiempo en cuestiones más productivas para la sociedad, pretende que a suplentes de regidores se les nombre también por ley alcaldes pedáneos para que funjan como “fiscalizadores de las políticas municipales”, atribuciones que hasta donde se tenía entendido correspondía a los ediles titulares.
Conforme a ese absurdo proyecto de ley, si un regidor devenga cien mil pesos mensuales, el suplente percibiría un salario de 75 mil, pero además se conformaría consejos paralelos de regidores convertidos en alcaldes pedáneos, que seguramente requerirían de dietas, vehículos, combustibles, secretarias y algunas que otras exoneraciones.
Alguien debe decirle a ese diputado que su proyecto de ley constituye una afrenta a la colectividad, que además de carecer de sentido y utilidad, sólo procura beneficiar a terceros y crear una burocracia raquítica y parasitaria en perjuicio del Estado y de la municipalidad.
Iniciativas como la planteada por el legislador Serrata irritan a la sociedad y obligan a reflexionar sobre el concepto de piñata que para muchos congresistas y políticos tienen las instituciones del Estado, que deben fungir como vacas lecheras con ubres disponibles para todo desenfreno.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 05 de octubre de 2011.
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