RAFAEL PERALTA ROMERO
Resulta mala señal la actitud mostrada por organizaciones políticas y alguna personalidad prominente acerca del recurso presentado por el Partido Revolucionario Dominicano en demanda del cese de funciones de los miembros de la Junta Central Electoral, porque su ejercicio choca con una disposición de la Constitución de la República.
Aunque parezca fuera de tiempo, la iniciativa del PRD está justificada, de acuerdo al derecho. No porque llegue tardío el remedio puede negarse la presencia del mal. No ha sido el PRD ni su candidato presidencial, Hipólito Mejía, quien inventara el señalamiento que fundamenta la demanda, sino la séptima disposición transitoria de nuestra Constitución.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, por mandato de la Carta Magna, debieron integrarse antes de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral. El Senado no observó ese mandato para designar a los actuales miembros de la JCE, pero eso no quiere decir que el mismo haya sido derogado.
La séptima disposición transitoria, contenida en el capítulo II, título XV, de la Ley Fundamental, expresa: “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.
El Partido de la Liberación Dominicana, dueño del Senado y del Consejo Nacional de la Magistratura, retardó la escogencia de los integrantes de los referidos tribunales, debido tal vez a su ocupación en las pretensiones de repostulación del presidente Leonel Fernández, lo cual es rechazado por el artículo 124 de la Carta Magna.
Una sociedad que deja hacer y pasar, en violación de normas fundamentales para la convivencia civilizada, anda muy mal. Partidos políticos y medios de comunicación pudieran sentirse dolidos de no advertir antes lo que pasó con la JCE, pero por el contrario creen fuera de lugar la demanda del PRD. Preocupa que grupos considerados de avanzada se pronuncien a favor del “déjenlo así”.
Es el texto constitucional elaborado por Leonel Fernández y el PLD que ubica a la actual Junta Central Electoral al margen de la ley. Es prudente buscar remedio a lo que está mal, aunque se descubra fuera de tiempo. Los partidos tienen responsabilidad ineludible con el sostenimiento de la democracia y el robustecimiento de las instituciones. Eso quiere el PRD con su paso frente a la JCE.
La situación de inconstitucionalidad de la JCE es un problema jurídico, aunque no se niega que admite una solución política. Lo que no ha de tolerarse es indiferencia y displicencia ante una irregularidad. Eso sí que es una actitud mala. Dejar hacer y dejar pasar, dicho en francés o dicho en español, es una grave irresponsabilidad.
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