Juan Bolívar Díaz
En estos tiempos tempestuosos en que se sueña con jueces electorales en capacidad de sobreponerse a las lealtades políticas para hacer honor a la jurisprudencia, conviene recordar al doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre 1998 y 2003. Todavía ejerce la abogacía e imparte docencia en alma Mater de la Universidad estatal Autónoma de Santo Domingo.
Morel Cerda ostenta dos récords relevantes en su función al frente de la JCE: es el único en la historia de ese organismo que ha enmendado un fraude electoral y uno de los pocos ciudadanos dominicanos que ha tenido la dignidad de renunciar a un alto cargo por terco apego a sus criterios.
Llegó al cargo en medio de un conflicto político, elegido por un Senado de mayoría perredeísta, que rompió el consenso que había primado en la escogencia de los jueces electorales tras la crisis de 1994. Tuvieron una "justificación política", ya que fue una respuesta a la compra de una decena de diputados por parte del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, para imponer a Rafael Peguero Méndez como presidente de la cámara baja, convirtiéndolo desde entonces en un aliado fiel.
Manuel Ramón Morel Cerda.
Esa circunstancia marcaría la gestión de Morel Cerda en la presidencia de la JCE. El presidente Fernández y el caudillo reformista Joaquín Balaguer se unieron para objetar aquel tribunal electoral. Como entonces la sociedad civil tenía poder disuasorio contribuyó a enmendar parcialmente el desequilibrio con una reforma que elevó de cinco a siete el número de jueces electorales.
El ilustre abogado santiagués quedó atrapado en las contradicciones políticas. Fue ofendido sistemáticamente y aún cuando actuó con total honestidad, nunca se libró de la acusación de perredeísta. Pero a decir verdad, Morel nunca fue dirigente ni militante del partido blanco. Comenzó su carrera pública como juez de paz de Santiago en 1956 y fue escogido Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el efímero gobierno perredeísta del professor Juan Bosch en 1963, hasta el golpe de estado.
Morel fue de los fundadores del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio, pero su prestigio lo ganó como abogado y catedrático y muy especialmente cuando presidió la Asociación Dominicana de Abogados en tres períodos –ninguno consecutivo- entre 1967 y 1978, cuando esa institución fue un baluarte de defensa del precario estado de derecho. El mismo subía a los estrados para defender honoríficamente a perseguidos políticos, privándose de hacer fortuna con su profresión.
Fue en la presidencia de Morel que la JCE confeccionó el padrón electoral con fotografía integrada que desde las elecciones del 2000 se ha reiterado como un instrumento transparente y eficaz. Cuando hubo que escoger para auditar ese nuevo padrón, la tarea se le encomendó a Participación Ciudadana, pese a que había formulado reservas y críticas por la falta de consenso en la elección de aquellos jueces electorales.
Joaquín Balaguer. Parcialmente oculto, su amigo Aníbal Páez.
Reaccionó desproporcionadamente frente a PC cuando se detectó un error de uno de los técnicos de CAPEL contratados para la auditoría del padrón. Pero no trató de estigmatizar ni de excluir al movimiento cívico y al final del proceso le hizo un reconocimiento público por su contribución al mejoramiento del sistema electoral.
Cuando tras los comicios del 2002, durante una audiencia de la Junta Electoral de Santiago le mostraron 8 actas de colegios electorales alteradas a favor del PRD, allí mismo, sin esperar llevarlo al pleno de la JCE, Morel Cerda dictaminó la anulación de cuatro y la rectificación de las otras cuatro, restando 500 votos al PRD. Eso no cambió el estrecho resultado, pero sentó el único precedente de anulación de un fraude electoral.
Finalmente Morel terminó renunciando a la JCE cuando la reforma del 2003 que agregó otros 2 jueces y dividió el organismo en dos cámaras y un pleno. Lo entendió como un pacto político para quitarle poder, y lo fue. Pero su dignidad y entereza estaban por encima de cualquier consideración. Se fue como llegó, sin haberse doblado ante el partidismo político. Tengo entendido que disfruta de buena salud pero no quería esperar su desaparición para reivindicar su honorabilidad.-
Los fraudes y las encuestas electorales
Los fraudes y las encuestas electorales
17 de mayo del 2012
Manuel Ramón Morel Cerda
Son múltiples las definiciones que se han dado sobre la noción de fraude electoral, de aquí que hemos escogido las que nos ha parecido más compresiva, definición elaborada por el tratadista internacional Guy Goodwin-Hill, en su tratado "Elecciones Libres y Justas, Derecho Internacional y Practicas", publicado por la Unión Interparlamentaria de Ginebra, Suiza en el año 1994, que expresa lo siguiente: "Conducta por la cual a través del engaño y la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas o bien afectar el carácter universal, igual y secreto del voto ciudadano".
Pasemos entonces, a ampliar el concepto. En algunas legislaciones de America Latina, con la expresión "fraude electoral", se tipifican modalidades específicas en su comisión. El código penal colombiano, que constituye un ejemplo al respecto, al regular los delitos contra el sufragio popular, emplea en forma expresa la noción "fraude electoral" para aludir a la maniobra violenta o engañosa destinada a obtener que un elector vote por determinado candidato o partido político, así como para tipificar la destrucción, suplantación, falsificación o sustitución del registro electoral o sellos de urna o de arca. Paralelamente dicho código consigna, como ilícito penal, a los "votos fraudulentos", aquellos que son fruto de la suplantación a otro elector o después de haber ejercido el sufragio más de una vez.
En la tipología del fraude electoral se detectan tres niveles, conforme a su incidencia en fases determinadas del proceso electoral, ya sea en los preparativos, en la mesa receptora del sufragio y en forma sistemática como un fraude masivo y generalizado. En el primer nivel se destaca el uso y abuso de los fondos públicos y de la maquinaria estatal para favorecer alguna candidatura, la adulteración del Padrón electoral o negarse a depurarlo o a actualizarlo en función de los cambios poblaciones, la coacción o soborno de los medios de comunicación, particularmente a la televisión privada para difundir campaña de desinformación y desprestigio de candidatos o partidos, la distribución irregular de documentos de identidad, utilizando nombres de personas fallecidas o bien credenciales de personeros y apoderados con el propósito de suplantar o bien la confección de un numero superior de cedulas de votación, la preparación de votos ya marcados, la entrega de cedulas electorales a miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, impedidos de votar por una expresa prohibición constitucional, para hacerlos votar como si fueran civiles, el abuso de encuestas, habitualmente amañadas para dar la imagen de que las elecciones ya se consumaron y ya existe ganador, haciendo perder la seguridad y confianza de los electores en el poder de su voto, entres otros.
Las modalidades de fraude electoral enunciados anteriormente no son las únicas y nos hemos limitado a exponer estas porque son las mas comunes en un proceso electoral determinado. De las modalidades expuestas nos interesa a los fines de este estudio destacar dos: El uso de los recursos del estado y el abuso de las encuestas amañadas.
El uso y abuso de fondos públicos y de la maquinara estatal para favorecer alguna candidatura se manifiesta en practicas que ya han sido condenadas en otros países latinoamericanos como son la saturación de los medios de comunicación, con propuestas oficiales a favor de un candidato determinado y el uso de medios de transporte, desplazamiento de personeros ligado al oficialismo en ciudades, zonas rurales, calles y avenidas de centros urbanos, exhibiendo banderas, emblemas y signos partidarios para favorecer a un candidato determinado con excesiva prodigalidad en los gastos de dineros, ejecución y promesas de obras a cargo del órgano oficial del estado que tienden a favorecer inequívocamente al candidato patrocinado por el gobierno de turno. Esta última práctica ha sido legalmente objeto de sanción en varios países latinoamericanos, siendo de destacar el caso de Brasil, donde fue multado en tres ocasiones el entonces Presidente Lula Da Silva por haber mencionado el nombre de la candidata oficial, en alocuciones públicas, en medio de la campaña electoral.
En cuanto a las encuestas, hay que señalar que las mismas están en el ojo de la polémica electoral contemporánea. En sentido general, se entiende que ellas ayudan a comprender la realidad, a establecer tendencias, a analizar la que ocurre dentro de un proceso electoral, a ganar elecciones, elaborando estrategias, pero no para adivinar el futuro. Hay un error muy común entre políticos y periodistas, que por lo general creen que la principal información que aporta la encuesta consiste en adivinar el porcentaje de los votos que obtendrá el candidato el día de las elecciones y creen además que ese porcentaje corresponde al que se obtiene en la simulación. No sabiendo que los resultados de esas preguntas, es solamente un dato de los tantos que aporta la encuesta y que esos datos deben ser leídos por especialistas que sepan interpretarlos.
En definitiva, las encuestas y las investigaciones ayudan al candidato a tener una visión objetiva del proceso electoral y a cumplir con los objetivos que se propuso cuando inicio la campaña: ganar la elección, fortalecer su partido, impedir que otro candidato gane cualquier otro objetivo que se haya planteado. Desde luego que los resultados de las investigaciones no son para que el candidato o el mandatario hagan lo que dice la gente. Hay una dialéctica entre los líderes y las encuestas. El estadista, sabiendo lo que dice la gente, orienta la acción política de acuerdo a sus convicciones y en muchas ocasiones logra cambiar la mentalidad de los ciudadanos para que le respalden es sus propuestas.
Recordemos siempre que las campañas electorales y el manejo de la imagen de los gobiernos, son en gran parte problemas de comunicación política y que las encuestas son una herramienta que permite manejar esa comunicación: nos dicen cómo puede dar usted su mensaje, siendo comprendido por los demás y cuales son los efectos que ese mensaje produce en la mayoría de los ciudadanos o en los grupos a los que pretende llegar.
A estas alturas de las investigaciones sobre el tema, esta claro que las encuestas son armas formidables para armar estrategias electorales o de gobierno. Como truco para conseguir votos publicando simulaciones que exageran las posibilidades de éxito de un candidato no son eficientes y pueden ser nocivas.
Si un medio de comunicación quiere publicar encuestas electorales confiables, debe contratarlas por si mismo. Con frecuencia concurren a los canales de televisión o periódicos personas que quieren regalar encuestas a cambio de que publiquen los resultados. Esta es una operación peligrosa. Para hacer una encuesta se gasta mucho en transporte, alojamiento, encuestadores, computadoras, personal, etc. Si alguien regala todo ese dinero, hay que preguntarse por qué lo hace. No hay que olvidar un axioma: en política lo gratuito es siempre muy caro.
En muchos casos la encuesta puede estar pagada por algún político que quiere usarla con fines publicitarios, por una encuestadora poco conocida que quiere hacer un gasto millonario en publicidad (si es tan pequeña ¿podrá gastar tanto?) o es simplemente un fraude y la encuesta ha sido forjada en un procesador de palabras. La primera pregunta que debe hacerse un medio cuando va a publicar una encuesta que no ha pagado, es ¿de donde salio el dinero para cubrir tantos gastos?
En las semanas anteriores a una elección proliferan membretes de instituciones que hacen encuestas. Si un medio quiere proceder con seriedad, debe averiguar datos concretos acerca de la institución y de las personas que han hecho la encuesta. Hay que tener cuidado con los membretes extranjeros. Un medio de comunicación serio debe verificar si la "famosa" encuestadora que le presenta un partido es una institución honesta y con experiencia en política. Si dice que ha asesorado a un político famoso o a un alcalde o presidente de país es bueno comprobarlo. En época del teléfono y del Internet es fácil hacerlo. Esto vale también para las empresas con nombre en ingles. El idioma del membrete no es garantía de seriedad.
En los últimos años las encuestas electorales no se reducen a estudiar temas estrictamente políticos. En tiempos en que naufragaron tantas utopías la voluntad del elector poco se define por temas ideológicos. La política ha sido inundada por una cotidianidad en la que pierden espacio las posturas mesiánicas y las fantasías que motivan los políticos ambiguos. Los profetas del paraíso "progresista" se extinguen soñando con dictaduras vitalicias disfrazadas de democratismo, mientras los ciudadanos comunes buscan un poco mas de bienestar para los próximos días. Los ciudadanos actúales en este país simplemente buscan un empleo y una vida mejor.
Lo que esta en discusión, para la mayoría de los electores, no es el apocalipsis del Calendario Maya o la confrontación contra el "retroceso" sino la solución de temas concretos. El candidato debe interpretar con su mensaje los sueños y las angustias que embargan al elector común mientras se toma un receso en sus actividades diarias.
El estudio de la vida cotidiana, la relación de lo político con una serie de variables vitales es un espacio de compresión de la política en la que pueden trabajar los medios de comunicación ayudados por las encuestas. En todo caso, siguiendo una iniciativa que se tomó por primera vez en Francia, varios países de America Latina, han prohibido la publicación de encuestas electorales por un periodo de tiempo anterior a la elección.
En suma, de todo lo antes expuesto precisa concluir que las encuestas amañadas y las maniobras fraudulentas pueden otorgar a quien las utiliza una ventaja relativa momentánea, pero a la postre difícilmente puedan escapar al escrutinio de la legalidad, conforme a nuestra legislación y jurisprudencia latinoamericana en materia electoral. De aquí que lo verdaderamente relevante a fin de cuentas, es la determinación de si han sido violados o no los derechos políticos fundamentales de los electores, producto de un examen exhaustivo acerca de la regularidad del proceso electoral, en temas tan sustanciales como la equidad y la imparcialidad. Un proceso electoral viciado, irregular y defectuoso jamás podría pasar la prueba de la constitucionalidad y de la legalidad ante los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales, competentes para verificarlo.
Santo Domingo, R.D., lunes, 18 de junio de 2012.
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