SANTO DOMINGO, R.D._ La organizacion mundial Amnistia Internacional emitio un documento mediante el cual denuncia que personas dominicanas de ascendencia haitiana están sufriendo acoso y amenazas por parte de las autoridades dominicanas. Este acoso se debe a las decisiones judiciales que establecen que estas personas deben recibir los documentos de identidad que se les vienen negando desde hace muchos años.
Ilustra el documento, que el 29 de mayo un tribunal de San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, dio instrucciones a la Junta Central Electoral de que expidiera de inmediato documentos de identidad y electorales a un grupo de 28 personas dominicanas de ascendencia haitiana. El tribunal manifestó que la Junta Central Electoral, al negarles sus documentos de identidad y electorales, había violado los derechos de los integrantes de este grupo, incluidos el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a una nacionalidad. El 16 de julio, un tribunal de El Seibo, en el este de la República Dominicana, dictó una resolución judicial similar en favor de un grupo de 101 personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Sin embargo, la Junta Central Electoral todavía no ha cumplido las resoluciones judiciales. Las organizaciones locales de derechos humanos que trabajan en favor de las personas dominicanas de ascendencia haitiana han informado de que personal de la Junta Central Electoral (acompañado en ocasiones de policías) ha visitado las comunidades de los demandantes de ambos casos. Amnistía Internacional ha recibido testimonios que indican que las visitas han incluido interrogatorios a los demandantes respecto a la condición de migrantes de sus padres. Además, han incluido amenazas, intimidación y presiones para que los demandantes firmaran papeles en blanco.
Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
Las organizaciones locales creen que la Junta Central Electoral no tiene intención de cumplir con la orden judicial y que, en su lugar, planea inscribir a los demandantes en el Libro de Extranjería, lo que significaría que perderían su derecho a la nacionalidad dominicana. Al negar de forma continuada a los demandantes sus documentos de identidad, la Junta Central Electoral está perjudicando seriamente su derecho a la educación, la salud y otros derechos humanos.
Amnistia solicita a los receptores del documento instar a las autoridades a detener de inmediato todo acto amenazador o intimidatorio contra personas relacionadas con las decisiones de los tribunales de San Pedro de Macorís y El Seibo, y con decisiones judiciales similares futuras, y a garantizar la seguridad de estas personas.
Taambien recomiendo que se pida a la Junta Central Electoral que cumpla sin demora las resoluciones de los tribunales de San Pedro de Macorís y El Seibo, en cuanto reciba la notificación correspondiente, y que garantice que toda resolución similar dictada por un tribunal en el futuro se cumple conforme a la ley, y, finalmente, alienta a pedir a las autoridades investigar de manera inmediata e independiente la acusación de amenazas e intimidación, y que garanticen que los responsables comparecen ante la justicia.
Santo Domingo, R.D., viernes, 20 de julio de 2012.
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