JUAN TAVERAS HERNÁNDEZ (th)
La transición presidencial en la República Dominicana debe ser una de las más largas de todo el mundo: Tres meses. En los países de verdad, como mucho, un mes. Generalmente suele de ser de dos o tres semanas.
¿Por qué ese periodo de 90 días no se redujo a 30 días en la Constitución de Leonel Fernández? Después de cuatro años de saqueo del patrimonio público se requiere de tiempo para limpiar la casa. Como dijera Lidio Cadet hace algún tiempo, “los corruptos no dejan huellas”.
Los tres meses de transición gubernamental permiten que un presidente, después del desastre, de todo el lodo desparramado en el territorio nacional durante su gestión, intente mejorar su imagen, por aquello de que, “las cosas no son como comienzan, sino como terminan”.
Y Leonel quiere terminar “bien” ante la opinión pública, después de ocho años de gestión, por lo cual se le ve inaugurando y reinaugurando obras que le permiten aparecer todos los días en sus periódicos, canales de televisión y radio. (Para eso los tiene)
No sé si ocurrirá igual, pero cuando Leonel dejó el Palacio en el año 2000, el nuevo presidente no encontró dinero ni para pagar los salarios de los empleados público. Desmantelaron la casa de gobierno. Se llevaron obras de arte, computadoras, vehículos, dinero, escritorios, adornos, etc. Era como para meterlos presos a todos. Pero no pasó nada. Se impuso la impunidad en aras de una supuesta gobernabilidad.
Esta zafra de la transición gubernamental, en materia de robo y saqueo, no tendrá nada que envidiarle a la de otros tiempos. Al contrario, las superará a todas. La corrupción no se detiene en la puerta de ningún despacho.
El Congreso de Leonel aprobó el Presupuesto Complementario por más de 71 mil millones de pesos que incluye lo más de 50 mil millones invertidos en la campaña electoral para comprar o robarse las elecciones del 20 de mayo.
Raudo y veloz, Leonel promulgó la ley 174-12 del Presupuesto Complementario que garantizará la estocada final. Algunos ministros se “fortalecerán” y se “blindarán” económicamente más de lo que están, gracias al “pago” a los suplidores y contratistas del Estado, a quienes les exigen entre un 40 y un 50 por ciento de la deuda, en efectivo. De lo contrario, no cobran.
Al que le deben cien millones de pesos, para decir una cifra, tiene que llevar, antes de que le entreguen el cheque, la parte correspondiente de lo acordado, un 30, 40 y hasta un 50 por ciento.
Algunos personajes de los propios ministerios, incluyendo periodistas “pegados” en el gobierno, se dedican al cobro de deudas por un 10 y hasta un 15 por ciento, lo cual eleva la cuota que el contratista o suplidor, tiene que dejar sobre la mesa si quiere dinero.
“Para perderlo todo prefiero recuperar algo”, me dijo un suplidor al que le deben más de 300 millones de pesos. Ese señor tendrá que buscar, si quiere recuperar algo, más de cien millones de pesos. No es un caso único, todos tienen que ceder al chantaje. Muchos están desesperados, al borde de la quiebra total.
Por eso la corrupción le cuesta al país cerca de cien mil millones de pesos todos los años. 800 mil millones en ocho años que bien pudieron invertirse en escuelas, hospitales, viviendas, etc.
Y eso lo sabe el presidente de la República.
Y lo sabe el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.
Y lo sabe la Cámara de Cuentas.
Y lo sabe la Procuraduría General de la República.
Y lo sabe la Opinión Pública.
Y nadie dice, ni hace nada.
Santo Domingo, R.D., viernes, 20 de julio de 2012.
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