Luis Pérez Casanova
El presidente Danilo Medina está en una disyuntiva con respecto a la reforma fiscal que acompañaría un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): pretender aumentar las recaudaciones sin sacrificios políticos reales y no meramente virtuales.
Todavía se mantengan las exenciones por unos 118 mil millones de pesos al sector empresarial y los legisladores puedan preservar sus infames privilegios para “gastos sociales”, el Gobierno tendrá que cargar con algún costo político más allá de que todo el peso de la reforma recaiga, como en efecto se prevé, en los sectores populares.
Fórmulas como el incremento de los beneficiados de la tarjeta Solidaridad, la focalización del subsidio a la electricidad y otras no impedirán que a la hora de la verdad los sectores populares sean los que terminen por pagar los platos rotos. Después que el ministro de la Presidencia declaró que se desconocía la herencia recibida, nadie, como si se hubiera tratado de una metedura de pata, ha vuelto a abordar el espinoso tema.
La dimensión del déficit fiscal y el monto de la deuda pública han sido abordados únicamente por economistas y sectores de la oposición. Como si estuviera prohibido en las esferas oficialistas nadie abre la boca, ni siquiera los legisladores.
Para evitar roces con el expresidente Leonel Fernández, quien hasta el último día decía que había legado una economía estable, el Gobierno se ha decantado por la coartada de crear las condiciones sobre la necesidad de la reforma, dejando que sea el FMI el que explique la magnitud de una crisis financiera que amenaza incluso la macroeconomía.
El cuadro indica que por más estrategias que conciba al presidente Medina se le hará muy difícil salir ileso de la situación que ha heredado. Lo del entorno internacional no basta para justificar la crisis cuando desde 2007 hasta la fecha sólo la nómina ha aumentado de 456,924 a 777,631 empleados.
Santo Domingo, R.D., lunes, 24 de septiembre de 2012.
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