Rosario Espinal
Los legisladores defienden vehementemente su derecho al barrilito.
Lo justifican por su deber de ayudar a la gente que pide cajas de muertos y dinero para comprar recetas.
Por más que le repitan que su función es legislar, no abandonan su cruzada de dar.
Por los gastos del oficio, los legisladores también reciben exoneraciones de vehículos que muchas veces venden en el mercado para el usufructo. Piden modelos de lujo que venden con mayor retorno y así mejoran sus condiciones de vida.
El barrilito y las exoneraciones generan apoyos y críticas. Los defensores resaltan los gastos extraordinarios de los pobres legisladores que no manejan presupuesto propio como los ministros y síndicos.
Los críticos se enfocan en el despojo de recursos públicos y enfatizan que los legisladores no están para hacer caridad pública sino legislar.
Asumamos por un momento que las demandas de dádivas son reales, y asumamos también que es cierta la necesidad que tienen los legisladores de mejorar su nivel de vida para estar a tono con las funciones que realizan.
Pero digamos también que en las mismas circunstancias se encuentra mucha gente.
Por ejemplo, todo el que maneja un vehículo sabe que dándole a los mendigos y limpiavidrios de las esquinas se agotaría un sueldo en pocos días.
El gobierno debería entonces asignar un barrilito a todos los dueños de vehículos para que repartan ayuda a los mendigos que se aglomeran bajo el sol ardiente en las intersecciones más transitadas.
Como la mayoría de los choferes no son candidatos en las elecciones, la dádiva sería realmente caritativa, no chuchería clientelista como en el caso de los políticos que dan para que los apoyen.
Hablando en serio. Si estúpida es la idea de barrilitos para los choferes, igualmente estúpida es la del famoso barrilito de los legisladores.
Y, si de vivir mejor hablamos, entonces la mayoría de la población dominicana califica para obtener la exoneración de un vehículo sencillo. Eso le permitiría vivir más cómodamente, lo mismo a lo que aspiran los pobres congresistas.
¿Por qué otorgar la exoneración a los legisladores y no a todo el que necesite un vehículo?
¿Por qué colocar por encima del pueblo a los congresistas en la distribución de beneficios?
Recordemos que el pueblo es quien otorga el derecho a ocupar un escaño en el Congreso, y quien paga los impuestos que muchas veces dilapidan los políticos.
De privilegios viven también muchos funcionarios del gobierno que manejan ministerios, departamentos, instituciones descentralizadas o alcaldías.
Estar en el poder es sinónimo de beneficios extraordinarios y aprovechamientos injustificados. Dietas, vehículos con gasolina, choferes y otros beneficios legales e ilegales. Por eso tantos activistas de los partidos se pelean por una candidatura o un puesto en el gobierno y el transfuguismo ha proliferado.
La sociedad dominicana no necesita que los políticos repartan chiripas y se queden ellos con la mejor parte.
El país necesita empleos dignos y programas sociales que permitan a la población educarse, adquirir medicamentos, enterrar a sus muertos, y no mendigar en las calles.
El pueblo necesita buenas escuelas públicas, buenos hospitales, y un sistema confiable de pensiones para la vejez o la discapacidad.
Ojalá que ahora no dilapiden los fondos de pensiones en programas de viviendas para repartir a los militantes de partidos.
Sin una economía pujante y una verdadera seguridad social, la población dominicana vivirá siempre atrapada en la pobreza.
En los últimos 30 años, los políticos dominicanos han consolidado una democracia electoral clientelista que no llevará al progreso por más elevados, túneles, trenes y torres que se construyan con préstamos internacionales o dinero del narcotráfico.
http://www.clavedigital.com/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=17218
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