La columna de
Miguel Guerrero
Cuando en un país, y ese parece ser el caso nuestro, los poderes del Estado compiten para violar la Constitución, las cosas no marchan bien, por más que se la disfrace.
Me refiero a los escalofríos producidos en la conciencia pública por los conciliábulos para crear las condiciones favorables a una ilegal postulación del presidente Fernández, quien una vez comprometió su palabra, de honor tratándose de un jefe de Estado, de no aspirar a un tercer mandato consecutivo para evitarle al país “tensiones innecesarias” y en virtud de sus “convicciones” democráticas, aparentemente perdidas.
La aprobación por la Cámara de Diputados en una sola lectura y con una mayoría simple de las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, es una inaceptable violación de la Constitución que coloca al país al borde de un golpe institucional.
No se trata de una ley cualquiera, porque los cambios en la misma ponen en manos del presidente de la República poderes excepcionales para el control de los órganos de la Justicia y el sistema electoral, en medio de ingentes aprestos para preservarlo en la jefatura del Estado por encima de la prohibición constitucional.
Es evidente que la recolección de firmas para pedirle su nominación y el desgarrador comportamiento de la Cámara Baja indican el velado interés de impulsar una reelección ilegal al través de la Corte Constitucional, a punto de ser formada, mediante una interpretación tortuosa del texto constitucional, dada la aparente imposibilidad de lograrla por medio de otra reforma, por falta de tiempo y los votos requeridos en el Congreso.
Mucha gente duda todavía de las intenciones del Presidente y su obstinación por permanecer en el cargo más allá de lo que le permitiría la Constitución y la razón. Reflexionar sobre el caso, como ha dicho que hará, equivale a una confesión.
Santo Domingo, R.D., jueves, 17 de marzo de 2011.
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