SUSI POLA
Ediles de cinco partidos minoritarios de esta ciudad, denuncian mal manejo de recursos, nominillas, contratos de grado a grado, compras de vehículos sin licitación y sobrevaluaciones, una referencia demasiado negativa como para desoírla.
De acuerdo a Cándido Álvarez, Fuerza Nacional Progresista; Erick Mercedes, Alianza por la Democracia, y Domingo Ureña, Partido Acción Liberal (PAL) junto al Miuca y el PTD, existe una nómina sobrevaluada en un 88.1%, cuya irregularidad consiste en que se reportan 1,016 personas trabajando, cuando en la realidad solo son 514 las empleadas.
Con ejemplos, copias de contratos y de cheques, los ediles mostraron casos de personas figurando en la nómina con salarios de más de treinta mil pesos, que también aparecen como contratistas, irregularidad que se repite más de una vez. (En el caso de Alberto Simé, empleado del departamento de Plazas y Parques y contratista para las brigadas de limpieza de Santiago, dicen que además, es beneficiado con siete mil pesos de una “nominilla” paralela del cabildo).
Dicen que “esa nómina maneja recursos por cuatro millones 168 mil pesos mensuales que, multiplicados por doce, resultan 48 millones 201 mil 600 pesos anuales”. Además, denuncian que las compras de combustibles y materiales de oficina se hacen solo con tres empresas que reciben cada mes diez millones de pesos, pese a no existir autorización de los ediles.
Sin embargo, esto se lo agregamos a la noticia generada por los regidores, reconocidos como personas comprometidas, desde la llegada del nuevo alcalde y su “equipo”, donde también hay personas de responsabilidad reconocida, las organizaciones de mujeres, con un trabajo coordinado con esa alcaldía, se han reunido con las autoridades (incluso con el alcalde), para solicitar preservar los puestos a una psicóloga forense y un psicólogo entrenado para trabajar con masculinos violentos, que trabajan para la Fiscalía desde el cabildo, por un acuerdo realizado hace años dentro de la coordinación intersectoríal e interinstitucional que trabaja contra la violencia basada en el género, intrafamiliar y/o sexual desde 1994 .
A estos profesionales se les canceló y, al reiterado pedido de la sociedad civil, fueron repuestos con la mitad de sus sueldos con la promesa de entregarles retroactivamente los salarios no pagados desde su cancelación para luego asignarles el salario que originalmente tenían. No se ha hecho porque, “no hay dinero”.
¡Entendemos ahora la falta de recursos para “pequeñeces” como prevenir la violencia contra las mujeres de Santiago! ¡Para el clientelismo y la corrupción que genera, ningún dinero alcanza! ¡Es una pena: solo cambiamos de bolsillos!
Santo Domingo, R.D., martes, 05 de abril de 2011.
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