JUAN TAVERAS HERNÁNDEZ (th)
En su discurso de toma de posesión Danilo Medina anunció la creación “de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, que sustituirá a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción”, que fue un fracaso total y absoluto.
Aseguró que todos los funcionarios suscribirán un código de ética “al momento de ser designados en altos cargos”, donde se “establecerán las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designados.”
“El primero en suscribir este Código seré yo”, dijo.
De acuerdo con sus palabras, ese órgano tendrá “potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las que correspondan al Régimen Ético y Disciplinario de la Función Pública y a la Cámara de Cuentas”.
Ojalá que esa entidad sea creada en las próximas horas y que la integren hombres y mujeres probos de la sociedad civil, no dirigentes políticos del partido oficial o de aliados, como hizo el ex presidente Fernández.
Danilo Medina ante la Asamblea Nacional, el 16 de agosto de 2012.
Y para probar que no se trata de palabras, ¿qué tal si comienza ordenando el cumplimiento de la ley sobre declaración jurada de bienes de los funcionarios entrantes y salientes?
Que Danilo de el primer paso, siguiendo con Margarita Cedeño de Fernández, para dar el ejemplo. Y así continuar con una larga cadena que termina (o comience) con el ex presidente Leonel Fernández.
Sería un acto de transparencia la publicación de todas las declaraciones juradas no solo de los ministros y vice ministros, sino de embajadores, cónsules, jueces de las altas cortes, etc., como bien lo establece la ley que regula la materia.
Como ciudadano tengo derecho a saber que tenían cuando entraron, y que tienen ahora todos los funcionarios del gobierno pasado. De igual modo tengo derecho a saber que tienen ahora los nuevos incumbentes, incluyendo a Danilo y Margarita. No es capcioso.
Que la Cámara de Cuentas (que nunca cuenta nada) y el Ministerio Público investiguen las declaraciones juradas para que se correspondan con la verdad. Que el Colegio de Notarios procure que las certificaciones sean verídicas. Todos sabemos lo que ha ocurrido siempre con las declaraciones de bienes. Una buena parte de los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, a saber, Ejecutivo, Congreso, Justicia y Municipios, se burlan de ella.
Unos hacen sus declaraciones juradas, otros no. La mayoría miente a la hora de certificar lo que tiene. Algunos al ser nombrados colocan bienes que no poseen en ese momento. Calculan lo que piensan robarse en cuatro años.
Quiero ver las declaraciones juradas de todos los jueces de las altas cortes recién “elegidos”, de los embajadores, cónsules, senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, ministros y viceministros, presidente y vicepresidente de la República.
Danilo dijo que sería “implacable con los deshonestos, los oportunistas, y los soberbios”. Debió agregar a los testaferros. Prometió un gobierno “transparente”. Para que podamos creerle, que comience transparentando las cuentas de los funcionarios con declaraciones juradas de bienes, como lo establece la ley.
Si quiere más transparencia, si quiere que el código de ética sea más amplio, que someta un proyecto de ley invirtiendo el fardo de la prueba, como lo prometió Leonel en la campaña electoral de 1996. Pero por conveniencia propia no lo hizo en 12 años a pesar del control del Congreso.
Santo Domingo, R.D., miercoles, 22 de agosto de 2012.
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