La conexión dominicana del "Caso Marbella" (2 entregas Diario Libre)

Fuente: DiarioLibre

 Miguel Ángel Ordóñez es el autor del Libro El caso Malaya. Los elefantes asolaron Marbella. Recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por un trabajo sobre las cárceles dominicanas publicado en La conexión dominicana del 'Caso Marbella'

Carlos Sánchez es conducido por agentes de la Policía española.

Marbella. Muchas han sido las especulaciones que se han hecho sobre una posible "conexión dominicana" del famoso 'Caso Malaya' o 'Caso Marbella'. Actualmente, recién iniciado el juicio oral del 'Caso Malaya' y a punto de fijarse fecha para otra secuela de ese proceso (el 'Caso Lavado' o 'Pantoja'), podemos concluir que no existe tal conexión. Al menos, si nos fiamos de los escritos de acusación formulados por el fiscal, el juez de instrucción y las distintas acusaciones particulares que intervienen en ambos procesos. Por ejemplo, en relación a Miguel Vargas Maldonado, hoy puede concluirse que ese capítulo principal de la ceremonia de la confusión que ha rodeado esa investigación fue un completo bulo o falacia. El candidato a la Presidencia a la República en 2008 ni está, ni ha estado, ni se le espera en el 'Caso Malaya'.

Miguel Vargas.

¿Qué dio pie a su "implicación" en el mayor escándalo de corrupción de la historia de España? Sin duda, el espíritu abiertamente sensacionalista que ha rodeado las pesquisas, cuyas riendas ha llevado directamente la policía y el fiscal gubernamental españoles, con un juez instructor elegido irregularmente y que se ha demostrado una mera comparsa. Pero, también, ganas de enredarlo por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana en vísperas de los comicios presidenciales.

Los primeros rumores que hablaban de la República Dominicana fueron lanzados temprano por "fuentes de la investigación" sin identificar. Cuando echa a andar la macroinvestigación prospectiva, se da por hecho que la trama delictiva ha generado un botín superior a los dos mil cuatrocientos millones de euros. Una cifra de vértigo: diez veces el presupuesto íntegro anual del ayuntamiento marbellí (238 millones de euros); el doble de lo que, según Roberto Saviano, recauda la mafia napolitana al año por tráfico de armas internacional. Hasta el juez instructor de 'Malaya' acabó reconociendo un tiempo después como "desorbitada y evidentemente errónea" tal cantidad. Pero el caso es que como no aparecía tanto dinero, se especuló con que probablemente los cacos tenían escondido el dinero en "paraísos fiscales". Al darse la casualidad de que cuatro empresarios de los 98 imputados en el caso tenían inversiones en la República Dominicana, se lanzaron las campanas al vuelo con la posibilidad de que parte del cofre del tesoro estuviera en esos predios. Incluso, hubo algún medio que, mostrando un desconocimiento supino, llegó a hablar de la República Dominicana como "paraíso fiscal".

Los inversionistas imputados en el 'Caso Malaya' con inversiones en Quisqueya son Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Liétor y José Ávila. Se trata de exitosos empresarios, hechos a sí mismos, a los que se acusa de haber accedido a los pagos ilícitos que supuestamente les exigía el "cerebro" de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca, algo que ellos niegan categóricamente. En el caso de los tres últimos, se les añade un posible delito de "blanqueo de capitales" al haber desarrollado en algún momento transacciones económicas con empresas privadas de Roca que habían venido funcionando en los últimos quince años sin que las autoridades detectasen oficialmente ninguna anomalía.

Olivo, Sánchez y Liétor participan en distintos proyectos turísticos e inmobiliarios en la República Dominicana, como el Guavaberry Golf and Country Club. Sánchez y Liétor han invertido, además, en hoteles como el Hispaniola. Los tres tienen amistad con relevantes funcionarios de la administración de Leonel Fernández, además de considerarse amigos del dirigente perredeísta Miguel Vargas Maldonado, por quien no ocultan sus simpatías en público.

En uno de los grandes apartados del 'Caso Malaya', convertido posteriormente en una pieza separada por su enjundia propia, volvió a surgir el nombre del país caribeño. En la investigación del ex alcalde Julián Muñoz y su amante, la cantante Isabel Pantoja (en foto), la policía, el fiscal y el juez sospechan que la pareja ha invertido (lavado) el fruto del saqueo del Ayuntamiento en varias propiedades y que ha podido haber sobornos de empresarios en especie, en forma de un apartamento y una mansión de lujo. La mansión, que el ex regidor bautizó 'Mi Gitana', era propiedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se habían hecho con ella al haber comprado una empresa que tenía la casa como único patrimonio. Dicha mercantil, Huracán del Oeste, estaba constituida en Gibraltar (colonia británica al sur de España). En palabras del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, "lo que hicieron los Sres. Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez fue adquirir las participaciones de la sociedad gibraltareña por medio de una sociedad de la República Dominicana llamada GRECO DEVELOPMENT CORPORATION". Esta operación se hizo mediante una transferencia bancaria a Suiza.

En un caso mediático necesitado de empaque, era suficiente oír hablar de tres lugares exóticos para que desde el seno de la investigación se exageraran las posibles ramificaciones del caso: quedaba resultona la historia de un grupo de facinerosos con intereses en un alejado país, con resonancias de bananería, tan amigos de prebostes como para tener la capacidad de influir, corromper o asociarse con quien estaba a punto de ser un todopoderoso Presidente de República. En ese sentido, otra historia peregrina que se filtró trataba de relacionar con la Casa Real española a una empresa involucrada en el escándalo, por llamarse Aifos, Sofía al revés.

En el caso de Miguel Vargas, no faltó quien diese un paso más allá en el malvado sofisma, al caer en la cuenta de que es líder de un partido socialdemócrata, con estupendos vínculos con un ex presidente de Gobierno español que visita con frecuencia la nación dominicana. Así se manifestaba un reportaje aparecido en el semanario Interviú (30/10/2006), "Operación Malaya: la conexión dominicana", que describe el país como "un lugar con kilómetros de costa virgen, políticos ávidos de dinero y escaso control policial. Y a tiro de piedra de los principales paraísos fiscales del Caribe. ¿Se puede pedir más? Sí, un socio con influencias que garantice las inversiones", y ahí es donde menciona al político dominicano, además de asegurar que se benefician de "la red de influencias" esgrimida en muchas ocasiones anteriores para relacionar, sin fundamento, al ex presidente Felipe González y su entorno con inversiones turísticas.

La historia era tan atractiva que hasta el 'juez estrella' por antonomasia de España, Baltasar Garzón, aprovechó algunas de sus visitas académicas a Santo Domingo para preguntar discretamente a sus contactos en la Presidencia por las inversiones de los empresarios 'malayos'. Oficialmente, el fiscal y el juez del 'Caso Malaya' solicitaron información a la República Dominicana sobre esos súbditos españoles.

Así, a las autoridades españolas le llegan distintos informes del DEPRECO y el procurador general de la República. Concretamente, en enero de 2007 llega uno sobre un hermano de Carlos Sánchez, residente en Santo Domingo desde hace años, sobre todas las transacciones bancarias que ha efectuado superiores a los 10,000 dólares. También en mayo del mismo año, sobre Tomás Olivo, y a esas alturas el procurador general de la República habla de una investigación abierta por la Procuraduría sobre el "Caso del ayuntamiento de Marbella". Por aquellas fechas, llega a la fiscalía española un reporte no solicitado sobre "el ciudadano español Miguel Vargas Maldonado". Suficiente para que al mismo tiempo se filtrase en Santo Domingo que España estaba investigando al político perredeísta. Empezó a rodar la bola de nieve.

Sin embargo, tras un exhaustivo análisis por parte de los técnicos tributarios y policiales asignados a la investigación se desechó cualquier indicio de anomalía. Todos y cada uno de los movimientos bancarios, todas las inversiones, eran totalmente legales y correctas, incluido el megaproyecto de Punta Perla, también escrutado y cuya propiedad está actualmente bajo litigio en los tribunales dominicanos.

Cuatro años después del inicio de las investigaciones, el propio fiscal en su escrito de acusación considera probado que la controversial mansión 'Mi gitana' fue adquirida por Isabel Pantoja y Julián Muñoz gracias a un préstamo bancario perfectamente legal y tan claro está que no existe ningún indicio de irregularidad en la venta que el fiscal y el juez no han tenido a bien acusar de ningún delito relacionado con ese capítulo a Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Si hubiera habido algún indicio, hoy estarían acusados por lavado de capitales o cohecho en esta secuela del 'Caso Malaya' que algunos programas televisivos han llamado 'Caso Blanqueo' o 'Pantoja'. Lógicamente, en esa línea no hay en los escritos de acusación ni una sola referencia, ni remota, al perredeísta Miguel Vargas Maldonado.

Parte II

Esta semana ha arrancado en los juzgados provinciales de Málaga el mayor juicio oral celebrado hasta la fecha en España. Se trata del bautizado como 'Caso Malaya', también nominado en la República Dominicana “El caso Marbella o Malaya”

El caso, que se halla bajo el foco mediático, tiene 98 acusados y más de 200,00 folios ordenados en unos 200 tomos.

Esta semana ha arrancado en los juzgados provinciales de Málaga el mayor juicio oral celebrado hasta la fecha en España. Se trata del bautizado como 'Caso Malaya', también nominado en la República Dominicana 'Caso Marbella', y que ha supuesto una auténtica revolución en la política española, amén de sacar a flote las muchas miserias de todo un país. Con 98 acusados, más de 200,000 folios ordenados en unos 200 tomos, y una investigación absolutamente mediática y politizada, muchas son las voces que pronostican la dificultad de gobernar un proceso semejante.

En tan complejo sumario se ha "abordado" una inmensa trama de corrupción en uno de los municipios más ricos de España, que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 240 millones de euros y una leyenda de lujo y 'glamour' que ha atraído a la aristocracia y las mayores fortunas europeas desde los años 60, funda-mentalmente las de gente honradísima, pero también las de mafiosos y derrocados dictadores en busca de plácido retiro: en Marbella, por ejemplo, murió Fulgencio Batista y aquí aún disfruta Lita Trujillo del mal habido patrimonio de su finado esposo, prodigándose derrochona en las fiestas más 'chic'.

En esencia, según la acusación del fiscal, cualquier constructor o contratista que quisiera invertir en Marbella se veía obligado a pagar una 'mordida' para agilizar los obligatorios permisos o conseguir la contrata. Más o menos, es el mismo sistema que da la sensación que impera en el resto del territorio español, a la luz de cientos de casos similares destapados posteriormente en los ayuntamientos a lo largo y ancho del país. Esa dinámica está causada por dos grandes cuestiones que la clase política ha preferido esconder debajo de la alfombra: en primer lugar, un sistema de financiación de los partidos absolutamente opaco, confeccionado a posta por los grandes partidos para mantener monstruosos aparatos y maquinarias electorales sin rendir grandes cuentas públicas. Por otra parte, y precisamente por lo primero, no se ha acometido una modernización o limpieza profunda de los ayuntamientos, de los que depende una actividad tan generadora de recursos como la actividad urbanística. Verbigracia, el insigne historiador Paul Preston considera "la corrupción dentro de la política municipal" como uno "de los vestigios del franquismo".

Según la acusación fiscal, quien ponía la mano recaudadora en Marbella era el responsable del departamento de urbanismo municipal (rubro de donde se han venido nutriendo todos los ayuntamientos durante la etapa de crecimiento previa a la crisis económica): Juan Antonio Roca, que compaginaba su actividad pública con una boyante actividad empresarial que le permitió hacerse con un patrimonio que se eleva a varios cientos de millones de euros. Supuestamente, Roca, como racionero del convento, repartía una mínima parte del pastel entre los concejales del equipo de gobierno municipal para que aprobasen los preceptivos permisos de obras. El grueso de la cuestación lo destinaba a sus negocios privados. Para el fiscal, en la práctica quien mandaba en el Ayuntamiento era este señor, por encima de la alcaldesa y sus concejales, "supeditados a su voluntad" a cambio del sucio dinero.

El reto del complicado juicio que acaba de empezar es poder probar ese sistema, negado por todos los acusados, y transformar las sospechas e hipótesis en pruebas objetivas. Tarea complicada teniendo en cuenta que la principal prueba de cargo es una supuesta contabilidad, una hoja electrónica en Excel, que recoge en clave los supuestos cobros y pagos delictivos. Los intervinientes aparecen identificados únicamente por abreviaturas de sus supuestas iniciales o apodos. El problema, fundamentalmente, es que ha habido una gran distorsión: todo apunta a que el Gobierno ha intervenido en demasía en todo el proceso judicial. Por ejemplo, eligiendo irregularmente y a conveniencia un inexperto juez instructor con ganas de convertirse en estrella, que fue una mera comparsa de la policía y el fiscal gubernamentales.

Y es que, antes de la 'Operación Malaya', Marbella era, además de una de las mayores ciudades generadoras de riqueza, un bastión electoral que se resistía desde hacía 15 años a ser gobernado por alguno de los dos grandes partidos tradicionales de España, PSOE y PP. En este municipio mandaba un partido atípico, el Grupo Independiente Liberal (GIL), creado a imagen y semejanza de un peculiar personaje, Jesús Gil, constructor de éxito y presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, lo que le dio gran proyección mediática junto a sus exabruptos verbales demagógicos y populistas. Los grandes partidos fueron incapaces de arrebatar el poder en las urnas al grupo de Gil, pese a la fama de saqueadores con que los embadurnaron. Para algunos, la explicación a sus cuatro legislaturas consecutivas con mayoría absoluta hay que buscarla en la combinación del carácter 'outsider' y populista desplegado por Jesús Gil y sus discípulos, con el pancismo y el 'boroneo' más rampantes. Para otros, lo explica mejor el pésimo recuerdo de la corrupción del equipo de gobierno y una galopante crisis económica local que antecedieron a Jesús Gil, así como que es innegable que dio un impulso y transformó toda la ciudad. Cuando el poder decidió desalojar de la alcaldía a Gil, inhabilitándolo en los tribunales, en 2002, el pueblo se manifestó en la calle coreando un llamativo lema: "Robará, pero hace cosas".

Su sucesor, Julián Muñoz, revalidó el triunfo por mayoría absoluta un año después, pero duró poco como alcalde: al salirse del redil de Jesús Gil y endiosarse al dar el salto al papel couché abandonando a su esposa por la cantante folclórica Isabel Pantoja, sus compañeros de partido lo destutanaron a través de un mecanismo constitucional, pero con una gran polémica y acusaciones nunca probadas de que hubo quien engrasó con dinero el cambio de alcalde.

Realmente, ese día los conjurados echaron a perder oscuros intereses y planes que fraguaban en la trastienda el alcalde saliente y otros poderosos políticos supramunicipales. Para complicar el enrevesado contexto, al descrédito del cambio de alcalde se sumó la telenovela del regidor encamado con la folclórica y una despechada 'ex' que hablaba de comisiones en bolsas hasta debajo de la cama. Así, unido al desprestigio generalizado de los políticos, fue fácil presentar la 'Operación Malaya' como una nece-sidad perentoria y, además, convertirla en un producto mediático de consumo masivo que entretuviese como ningún otro.

En ese ambiente enrarecido se puso en marcha una estrategia de acoso y derribo que culminó con el 'Caso Malaya', que detectó a través de espionaje telefónico la presunta trama de corrupción. Una excusa que sirvió para disolver el Ayuntamiento. Esto es, anular la voluntad popular, los resultados electorales, por primera vez en la historia de España, algo que no se ha hecho ni siquiera en municipios gobernados por filoterroristas: se destituyó a todos los políticos electos, incluidos los no salpicados por la corrupción, y se les sustituyó por un gabinete elegido a dedo por el Gobierno regional andaluz. Además, se ponía en marcha una estrategia de filtración de datos secretos y sesgados del sumario judicial para alimentar el escándalo y así justificar la controversial medida, de paso que se quitaban las ganas de experimentos con partidos independientes. El resultado de la politización: un adefesio en que se ha criminalizado y mezclado a justos y pecadores, yendo a bulto para agrandar el escándalo y ejecutando espectaculares detenciones masi-vas. El justicierismo llegó a tal punto, por ejemplo, que un respetable empresario de los detenidos estaba bajo tratamiento médico por un cáncer avanzado que terminó con su vida: como esa mañana debía recibir una sesión de quimioterapia, la policía, humanitaria, lo acompañó al hospital antes de arrojarlo durante tres días a un calabozo inmundo, sin parar mientes en los efectos secundarios de la agresiva 'quimio'. La serenidad de citarlo para que fuese al juzgado en una fecha concreta restaba espectacularidad al circo mediático.

A la vez, se han hecho piruetas abracadabrantes para proteger a vacas y elefantes sagrados muy bien alimentados por la misma supuesta trama de corrupción. Para complicar más aún el panorama, baste añadir, entre otras aristas ocultas del caso, que una parte de los principales mandos policiales que "investigaron" el 'Caso Malaya' están hoy encausados en otros procedimientos por falsificar pruebas y estar a sueldo de narcos y traficantes de armas; sobre otra parte, la cúpula nacional de la Policía, existen los mismos indicios de haber cobrado sobornos del ayuntamiento de Marbella que han servido para sentar estos días en el banquillo de los acusados a 95 personas (huyeron tres más). De ellas, 14 ex ediles (de un consistorio con 27 curules), entre los cuales están los dos últimos alcaldes 'gilistas'. El resto, un puñado de constructores, y un grupo de alegados testaferros de las empresas privadas de Juan Antonio Roca. Pero ni son todos los que están, ni están todos los que son, a la luz de un minucioso análisis de todo el sumario y sus historias conexas.

En lo que haya una primera sentencia del juicio, para lo que habrá que esperar hasta dos años, el debate estará centrado en si el Poder Judicial estará a la altura de las circunstancias, algo que se entiende de manera distinta dependiendo del bando: dar satisfacción a la opinión pública (o publicada) que ha condenado de antemano a los acusados, dando a la turba la sangre ejemplarizante que demanda; o si será capaz de aplicar sin presiones la ley, con lo que habría que anular el proceso por los vicios de instrucción, impidiendo que se pueda dilucidar realmente el papel de los acusados, presuntamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia judicial.

De Miguel Ángel Ordóñez

http://www.presenciadigitalrd.blogspot.com/