La lucha por un justo presupuesto para la educación no ha terminado, más bien comienza. Lo que pasó el lunes 6 es la culminación de una jornada, la cual ha constituido una fuerte demostración de que el reclamo de un 4 por ciento del PIB para la educación es un sentimiento del pueblo.
El lunes amarillo sirvió para demostrar que hay un consenso en la ciudadanía para que las autoridades cumplan la ley 66-97, promulgada por el Presidente Fernández, que dispone el presupuesto para la educación sea equivalente al 4% del Producto Interno Bruto de la nación. Gente de todos los niveles sociales mostró prendas amarillas como expresión gráfica de apoyo a una demanda alojada en la conciencia colectiva.
De no ser así hubiera resultado imposible que coincidieran en un propósito el cardenal Nicolás López Rodríguez y el padre Rogelio. El rector de la UASD y el de la Pucamima, las asociaciones empresariales y las centrales de trabajadores y los jevitos de la clase alta y los muchachos de los barrios humildes.
Congregaciones evangélicas apoyaron el reclamo y lo mismo hicieron organizaciones católicas. La derecha política hizo coro con la izquierda (Eduardo Estrella y Fidel Santana) en pro de mayor inversión en la educación. Y si de coincidencias ha de hablarse, el autor de este artículo se alegró de alguna vez sostener igual criterio con el singular senador Amable Aristy Castro. Y todo por la ecuación.
Sacerdotes, monjas, sociólogos, artistas, vendedores, fruteros y choferes hicieron de este reclamo un interés común. Ramón Almánzar, del Partido Nueva Alternativa, expresó su indignación porque, a su entender, el país tiene un Presidente que se cree por encima de la Constitución y la Ley. En el mismo sitio, Luisa Ceballos, del Centro Cultural Poveda, dijo que se han unido a esa lucha, pero están conscientes de que se necesita más del 4 por ciento.
Fue una auténtica manifestación ciudadana. Los más entusiastas promotores de la misma eran jóvenes, especialmente de clase media. Pero todas las edades y sectores sociales se involucraron, incluyendo legisladores y la doctora Milagros Ortiz Bosch, pasada vicepresidente de la República.
El gobierno, rumiando amargura, mandó a decir que la jornada obedecía a orientación política. Lástima que no lo fuera. Y dichoso el partido que pudiera organizar una demostración de tal magnitud. La jornada por el 4 por ciento ha demostrado que para el actual gobierno la educación no es una prioridad. Vicente Bengoa, ministro de Hacienda, ha sido el más claro de los voceros oficiales: no sólo rechaza el reclamo del 4 por ciento del PIB para la educación, sino que propone que la ley que lo dispone sea derogada. Es un hombre coherente.
Santo Domingo, R.D., viernes, 10 de diciembre de 2010.
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