Eduardo Jorge Prats
Recientemente, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo que promueve el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana 2010-2020, bajo la dirección del economista francés Jacques Attali, rindió el informe “República Dominicana 2010-2020”. El informe recomienda 77 iniciativas de desarrollo, recogidas en siete líneas de acción que deberían iniciar su implementación a partir de 2011.
El Informe demuestra que el sector financiero constituye un eje transversal para el desarrollo integral, en tanto no se comprende o agota en una sola línea de acción, sino que permea e incide en diferentes iniciativas: No. 6 (secreto bancario), No. 8 (Banco Central, BC), No. 39 (acceso al crédito y eficiencia financiera), No. 40 (banca de desarrollo) y No. 49 (fomento del ahorro).
El Informe recomienda nuevas reglas materia de secreto bancario. La idea, siguiendo las pautas internacionales, es que el fisco pueda acceder directamente a los datos protegidos, sin necesidad de intermediarios institucionales, como en este caso lo es la Superintendencia de Bancos (SB). Las disposiciones actuales del artículo 56.b de la Ley Monetaria y Financiera (LMF), que colocan a la SB en el trayecto de la solicitud y entrega de información protegida, se plasmaron en el marco de una realidad institucional doméstica imposible de ignorar. El acceso directo siempre es una derivación de una probada capacidad institucional en el uso y protección de la información personal, lo cual queda todavía por demostrar en el caso dominicano.
Por otro lado, el Informe reconoce al BC como la principal herramienta para la simplificación y desarrollo del sistema financiero y el acceso al crédito. De ahí la intención de que éste profundice más sus niveles de independencia. Las recomendaciones del informe influirán en una segunda ola de gobernanza interna a partir de la promulgación de la LMF: un banco central más concentrado en el sistema monetario y financiero, como ente regulador independiente, con autonomía reforzada constitucionalmente reconocida, tanto de la entidad como de su función básica, es decir, el mantenimiento de la estabilidad de precios.
El Informe aconseja, además, promover el acceso al crédito, lo cual es una moneda de doble cara. La prudencia en el otorgamiento de créditos, asumida por la banca nacional y ordenada en las normas prudenciales adoptadas, ha asegurado un desarrollo seguro del sistema financiero pero han frenado la expansión del crédito, principalmente al sector productivo. Se sugiere, en consecuencia, fomentar el crédito, expandiendo así los niveles de bancarización en base a una comprensión técnica de los efectos de ciertas políticas como la evaluación crediticia, el tratamiento de las garantías o la remuneración del encaje legal.
Por otro lado, el Informe, a partir de experiencias comparadas, propone la creación de un banco de desarrollo estatal. Lógicamente, esta iniciativa tiene una fuerte vinculación con la necesidad del aumento de la institucionalidad, en tanto la tradición dominicana ha demostrado que estas instituciones podrían fomentar más el clientelismo que el acceso al crédito. Nadie duda que un eje central de desarrollo debe ser el fomento de este tipo de crédito, pero también existen otras opciones tan o más efectivas para alcanzar este objetivo: un mercado alternativo bursátil y legislaciones particulares sobre fomentos a las inversiones vía las sociedades de garantía recíproca o las sociedades de capital riesgo.
Finalmente, se recomienda fomentar el ahorro. Y es que la bancarización no sólo es acceso al crédito sino también fomento del ahorro de las personas.
En países como el nuestro, muchas son las razones que influyen en los bajos niveles de ahorro, pero sin dudas la principal es el poco uso y desconocimiento del sistema financiero. De ahí que, más allá de la remuneración del ahorro, el verdadero fomento gravita alrededor de la cultura financiera, la protección del ahorro y de la vinculación ahorro-crédito como mecanismos de formalización de la relación de cada persona con el sistema.
Hubiese sido sano que el Informe analizase el costo regulatorio de la actividad bancaria.
No obstante esta omisión, el mismo puede ser un instrumento que ayude a consensuar políticas públicas que contribuyan a la democratización del crédito, el fomento del ahorro y el adecuado financiamiento del sector productivo nacional.
Santo Domingo, R.D., viernes, 10 December 2010
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