Orlando Gómez Torres
La semana pasada el magistrado Subero Isa alertó que de admitírsele al Tribunal Constitucional la facultad de revisar las sentencias emanadas por la Suprema Corte de Justicia el sistema jurídico dominicano degeneraría en un caos. Sugiero prestar mucha atención a lo que dice.
El afán de revanchismo de algunos políticos y juristas contra la Suprema Corte de Justicia, en especial contra los actuales magistrados que la componen, no debe nublar la visión de los legisladores. Estamos hablando de la Justicia dominicana en general acá, el fundamento de la persecución criminal, la piedra sobre la que se sostiene la institucionalidad del Estado, la garantía general de cada peso que se mueve en la economía. Esto no es asunto para tratarlo como asamblea de un club gallístico de pueblo.
La idea fundamental sobre la cual se creó el Tribunal Constitucional era con el fin de separar la carga de los recursos de casación y los recursos de inconstitucionalidad para agilizar el proceso de impartir justicia en ambos aspectos. Otorgarle la facultad al Tribunal Constitucional de estatuir sobre decisiones de la Suprema hace todo lo contrario.
Jorge Subero Isa, presidente SCJ.
El aparato judicial dominicano padece de un incidentalismo insufrible que es más útil para engordar los bolsillos de los abogados que para una sana administración de justicia. Tan lejos ha llegado, que la mayoría de las leyes aprobadas en los últimos años respecto de procedimientos legales se ha obsesionado en evitarlo. La Ley que regularía al Tribunal Constitucional pretende hacer todo lo contrario.
Resulta curioso que la Ley que creó el recurso de amparo, que en esencia es procedimiento constitucional, prohibió el amparo contra decisiones jurisdiccionales cuidándose de este dualismo que ahora se pretende implementar, posición que en términos legislativos ahora se desea cambiar.
Bajo lo propuesto, el proceso podría extenderse sin fin y crear fricciones entre el Tribunal Constitucional y la Suprema, deviniendo este gracioso capricho de algunos en una justicia más lenta, costosa e ineficiente.
En un escenario donde el Tribunal Constitucional anule una sentencia de la Suprema al declarar su inconstitucionalidad, se obligaría a las partes envueltas a someter de nuevo el recurso de casación bajo el riesgo de que la Suprema Corte vuelva a sostener el mismo criterio que fuera declarado inconstitucional, dando inicio a lo que podría convertirse en un enorme dolor de cabeza con consecuencias impredecibles.
Jueces integrantes de la
Suprema Corte de Justicia.
Los actuales miembros de La Suprema Corte de Justicia han venido acumulándose enemigos con vendettas personales desde el momento mismo que fueron designados, y ahora los rencorosos han aprovechado este Tribunal Constitucional para tratar de destruirla sin importarles que de paso aniquilen cualquier aspiración a una justicia digna que pudiera tener el país.
Poner a un Tribunal Constitucional a juzgar las decisiones jurisdiccionales de la Suprema, carece de sentido práctico y de justicia. Lo único que puede justificar que esto sea siquiera tema de debate son unas muy inoportunas ganas de joder en un espacio que no es el adecuado para hacerlo. Subero tiene razón, no se jueguen con esto.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 15 de diciembre de 2010.
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