Eduardo Álvarez
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En el 2000, el presidente Hipólito Mejía tuvo que hacer de tripas corazones para enfrentar y enderezar los grandes y numerosos errores dejados por el entonces ex presidente Leonel Fernández. La historia se repite.
Para muestra, un botón es suficiente. Vayamos, entonces, a un solo caso, cuyos detalles son hartos reveladores de una política y actitud responsable para poner fin a la anterior, tan insensata como la que se reproduce ahora con el endeudamiento, el sistema energético, la educación y la producción agropecuaria.
El presidente Mejia encontró serias dificultades para atraer nuevos inversionistas y mantener los existentes, sobre todo de Estados Unidos, donde el Congreso había denunciado la falta de un clima legal y ético para la inversión extranjera en República Dominicana.
El presidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EE.UU, Benjamin A. Gilman, se vio obligado a venir al país durante los primeros meses del 2001 para demandar la solución de los problemas suscitados en el anterior cuatrienio, por el clima negativo que, ese momento, impedían el ingreso de capital extranjero.
Entre esos problemas citó el tema energético y la falta de reglamentos y voluntad política para combatir la piratería de programas informáticos y otras partidas protegidas por la propiedad intelectual, violación con alta incidencia, incluso, en organismos gubernamentales.
Un mes después de asumir el poder, el presidente Mejía promulgó la ley de Propiedad Intelectual, permitiendo liberar fondos estancados por el desorden y falta de transparencia denunciada a la sazón por legisladores norteamericanos, incluyendo el presidente del Senado de EEUU.
Activada la ley, el Ministerio Publico y la Oficina Nacional de Derecho de Autor [ONDA] trabajaron muy de cerca con la Business Softwere Alliance [BSA] para combatir la piratería, logrando así notables avances en ese aspecto, reconocido incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], cuyo presidente Enrique Iglesias, había recomendado meses antes “utilizar adecuadamente los recursos de la informática”.
El gerente general de Microsoft Dominicana, Orlando Hernández, se mostró satisfecho por las acciones emprendidas a partir del 2000, llegando a reconocer que sus ventas se habían triplicado durante el primer año de la campaña contra piratería.
De inmediato, el Banco Central, la Suprema Corte de Justicia, la Presidencia, la Fiscalía del Distrito y de Santiago fueron los primeros organismos certificados por la BSA por estar al día en el manejo de sus sistemas de informática.
Además de enfrentar con responsabilidad y determinación el asunto, el presidente Mejia tuvo que dar la cara a una deuda de 16 millones de dólares que el Gobierno había contraída con Microsoft Dominicana durante el cuatrienio de Fernández. La excelente calidad gerencial y humana de Orlando Hernández y Pedro Rockafort, este último representante de Microsoft Caribe, facilitó las negaciones de pago, sin que resultaran onerosas para el Estado dominicano.
Vistos estos aspecto, debemos preguntarnos a quién le entalla mejor el desaliñado traje del desorden institucional, irresponsabilidad y falta de transparencia? Al PLD, desde luego. Gobierno que ahora, al ponerse la paloma, nos da otro tiro de gracia anunciando un nuevo préstamo de 42 mil millones de pesos para la segunda línea del Metro, mientras nuestros pueblos y campos languidecen por falta de recursos y apoyo oficial. La historia se repite.
Santo Domingo, R.D., sabado, 30 de abril de 2011.
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