PEDRO P. YERMENOS FORASTIERI
La ley orgánica de educación y la del presupuesto general de la nación establecen porcientos mínimos para ser asignados tanto a la educación primaria y secundaria como a la superior.
La historia del incumplimiento de ambos textos es conocida. No sólo se violan al no asignarse las partidas debidas, sino que en la mayoría de las ejecuciones presupuestarias se puede comprobar que lo ejecutado suele ser incluso menor a lo contemplado porque con frecuencia se le penaliza con transferencias de fondos a favor de otras entidades. Es decir, se concretiza una doble vulneración.
El país ha sido testigo de la magnífica campaña llevada a cabo a favor del respeto a la ley que ordena asignar a educación al menos un 4% del PIB y la dimensión que ella ha alcanzado.
En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil lograron que los candidatos presidenciales suscribieran un pacto a través del cual se comprometen a respetar las leyes de referencia relativas al sector educativo, entre otros puntos de similar naturaleza.Lejos de la euforia que en varios sectores ha suscitado, interpreto este acontecimiento como una palmaria demostración del fracaso de la institucionalidad del país. Ha sido una admisión pública de que como no disponemos de efectivos mecanismos formales para que los gobernantes cumplan las leyes, tenemos que conformarnos con promesas en plenas campañas electorales en las cuales son capaces de suscribir su propia condena de muerte.
En este sentido, lo que ha sucedido debe ser motivo de tristeza más que de celebración. Al jurar ante la asamblea nacional, los presidentes prometen cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. ¿Qué nos asegura que este pacto vaya a tener mayor eficacia que ese solemne juramento?
En virtud de la gran cantidad de leyes que son irrespetadas, habría que suscribir un pacto por cada una, lo cual parece una empresa difícil. Lo que procede es que un pacto de ese tipo sea firmado sólo por organizaciones de la sociedad civil para incrementar su capacidad de exigir el cumplimiento de sus deberes a todos los gobernantes.
Sería preferible y merecedor de más respeto un candidato que se niegue a estampar su rúbrica en un pacto como el comentado bajo el argumento de que es una persona de palabra, respetuoso del ordenamiento legislativo a cuyo acatamiento se considera obligado sin necesidad de garantizarlo más que a partir de su propia credibilidad y sentido del deber.
Santo Domingo, R.D., Martes, 13 de septiembre de 2011.
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