Susi Pola
Para las dominicanas, 2011 ha sido un año difícil que se lleva a más de 230 mujeres asesinadas en el marco de las violencias basadas en el género, a las que hay que agregar las muertas por razones asociadas a la condición de reproductoras. Un mal contado número fúnebre que se acerca cada vez más el medio millar por año, juntando ambas causas.
El sistema de atención a estas violencias, en nuestro país, aún enfrenta grandes obstáculos para las mujeres víctimas, desde el acceso a la justicia, el apoyo de salud a esos cuerpos rotos, por fuera y por dentro, la reinserción de ellas en una sociedad comprensiva del fenómeno, hasta las dificultades para la prevención, investigación, sanción y reparación, falta sensibilidad política y voluntad para conseguirla.
El contexto social dominicano, además, tolera una cultura de violencia contra la mujer y mantiene los parámetros discriminatorios y minimizadores de una cultura machista, practicada a partir del entorno familiar e institucionalizada en el Estado que responde a través de las instituciones que mantienen los parámetros desventajosos para las mujeres.
Sin embargo, es la propia cultura la que se entrampa en esas institucionalizaciones con unas pocas políticas de género, logrando establecer nuevos procesos, más alentadores porque son más inclusivos.
Las cuotas de participación, irrisoriamente mantenidas en porcentajes menores del 50%, han traído mayor y mejor presencia femenina a las instituciones y la tradición de estudio en calidad de las mujeres, a la hora de concursar, empezará a notarse en el sistema político nacional.
Pero estas transacciones socioculturales, empujadas por acuerdos internacionales y nacionales con bases constitucionales, muestran el gran contraste de avance entre unas y otros. El caso más emblemático se da en los partidos, mantenidos en el atraso organizativo machista que en este 2011 continuó mostrando militantes y funcionarios acusados de violencia contra mujeres y la tradicional doble moral de esa dirigencia cuya “vida loca” al desnudo, trata de justificarse con argumentos de “persecución política”.
En este final de año, en el recuento prevalece una violencia general que preocupa por su complicación con los crímenes organizados y el sicariato, y la de género contra la mujer aumentada, con nuevos escenarios y nuevas prácticas, lo que representa el mayor desafío social y político para el país.
Las reformas en el sistema jurídico legal, el nombramiento de nuevas personas para las funciones de los tribunales creados, no serán suficientes si el Estado no asume su obligación de hacer efectiva una política de cumplimiento de cara a los derechos humanos de las dominicanas, mitad de este país y con incidencia positiva en las acciones nacionales.
Una deuda de años anteriores que, ojalá, empiece a cumplirse en este 2012, ¡anunciado del cambio hacia la luz!
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