Agenda Global
José Alejandro Ayuso
Durante una reciente exposición ante la Comisión de Justicia del Senado de un consultor del Banco Mundial con el tema del proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, dos senadores oficialistas se enfrascaron en una discusión sobre “el funcionamiento” de los funcionarios públicos.
Para José Rafael Vargas, pasado presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y a quien se le reconoce una buena gestión al frente de esa institución, hay un 90% de los funcionarios “que no funcionan”. Mientras que para Julio César Valentín la fórmula se invierte: sólo el 10% “no funciona”.
Si partimos de la muestra viceministerial, se advierte que la ley establece el nombramiento de 57 viceministros, por lo que hay cerca de 300 en exceso que sólo “funcionan” en el activismo prosélito. (Que como dice Colombo, ni “su superior inmediato” le hizo caso a la resolución del Ministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo que exigía el retorno a la legalidad).
Al sumar la caterva de nombramientos de funcionarios “sin funciones” en la administración pública local con el personal del servicio exterior cuyo supernumerario es ya récord a nivel mundial, debemos dar la razón al senador Vargas: la mayoría no pueden “funcionar” porque sobran y no hacen falta para una gestión eficiente del Estado. Aparte la prevaricación del erario que implican estas “botellas”, está la sustracción de fondos públicos asociada para provecho personal.
Al efecto, para cualquier ciudadano que por lo menos vea de un ojo y no tenga una venda morada que le tape la visión, la corrupción rampante que se observa en ciertos “servidores públicos” amparados en la impunidad como política pública es un hecho incontrovertible.
En consonancia, la valiente denuncia hecha pública por el senador Charlie Mariotti, cercano al presidente electo Danilo Medina y quien reintrodujo el citado proyecto de ley sobre la declaración de bienes porque “ha zozobrado en las aguas de la Cámara de Diputados”, de que “Muchos funcionarios altos y medios han escondido fácilmente los recursos que ilícitamente obtienen en el Estado y andan paseándose libremente por nuestras calles”.
Sin embargo, vale destacar que esta ley no es imprescindible a partir de la reforma constitucional del 2010. El artículo 146.3 de la Constitución estableció la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar su declaración jurada de bienes antes y después de terminada su labor, con la agravante para los “amantes de lo ajeno” que le corresponderá siempre probar el origen de sus bienes y no a la autoridad competente.
Si bien la norma suprema es de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, la misma establece que esta declaración de bienes se hará “de acuerdo con la dispuesto con la ley”. Que tenga claro el senador Mariotti que su proyecto de ley sólo vendría a complementar algunos aspectos formales y de procedimiento al respecto. Que ya está “constitucionalizada” la inversión del fardo de la prueba y les corresponde a los funcionarios demostrar que sus riquezas no son mal habidas. //elnacional.com.do.
Santo Domingo, R.D., sabado, 23 de junio de 2012.
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