Estamos ante la pretensión de que el Código se momifique
LUIS
SCHEKER ORTIZ
La disposición de la Cámara de Diputados de modificar el
Código del Menor para “endurecer” las penas de acuerdo con una nueva escala que
varía la condenación de 3 a 10 años para los menores de 13 a 15 años de edad,
y de 5 a 15 años para los mayores de 15 hasta los 18; el aumento de hasta 30 días para fines de
investigación en estos últimos casos, así como la aplicación de la
prueba o sea para determinar la edad verdadera del menor inculpado, ha recibido
un fuerte rechazo de parte de instituciones y personalidades que merecen la
mayor credibilidad.
Institución de tanto prestigio como la UNICEF, protectora de la niñez
desvalida, se opone “porque compromete el proceso de protección de niños,
jóvenes y adolescentes”; la FINJUS
asegura que: “el incremento de la sanción es una medida populista, (¿?) que “podría triplicar los atracos” si
las enmiendas al Código fuesen
convertidas en ley por el Senado; a lo
que se agrega la docta opinión de sicólogos en desacuerdo con elevar penas a
los menores de edad, afirmando que “más años de pena no asegura reducir la
violencia” criterio que comparte la UNICEF
que entiende que “la introducción
de tales reformas, haría fracasar
el Código del Menor.” ¿Es tan
frágil su estructura, su filosofía como
para que una pequeña ráfaga de viento marino, pueda producir semejante
catástrofe?
Eso llena de inquietud y preocupación a buena parte de la
población que sufre los embates, pues estamos ante la pretensión de que el
Código se momifique y no soporte ningún tipo de reajuste de una sociedad anclada en el posmodernismo, donde los valores clásicos, las creencias,
ideas y actitudes han sido suplantados
por una nueva cultura que amenaza
desterrarlos.
A pesar del profundo respeto que siento por los
disidentes, sus consideraciones no me convencen del todo. Tengo mis reservas. Primero, porque es falso
el papel que se le atribuye al Código
del Menor y a todo Código. Este viene a ser
un mecanismo de control social y
regulación de la pena, no una causa o factor determinante del delito y los
niveles de criminalidad que obedecen - se sabe - a otros múltiples y diversos
factores. De no ser así, bastaría con
reducir o eliminar las penas, para que disminuyeran o desaparecieran los
crímenes y los delitos; un absurdo. La función de la pena va ligada al castigo
y la regeneración del delincuente de acuerdo con su comportamiento, la gravedad
de la acción y el daño producido, siendo el papel del juez aplicarla en
justicia según los extremos. Segundo, porque los tiempos han cambiado de manera
vertiginosa y a veces trágica.
La seguridad social se siente amenazada y toda sociedad
tiene derecho a una mayor protección, no solo los menores con capacidad y
mentalidad antisocial proclive al delito y a crímenes mayores. (Caso de los
taxistas)
Pero mucho me temo que el intento de los diputados
fracase y que sean las voces altisonantes las que triunfen. Ya el Presidente
del Senado se adelantó y se pronunció al respecto. Un país donde sus
instituciones no se renuevan y vivan de espalda a su realidad está condenado a perecer.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 26 de septiembre de 2012.
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