Atención congresistas: la fiebre no está en la sábana
ROSARIO ESPINAL
Cuando los legisladores de un país aprueban el aumento de
las penas a menores de edad como mecanismo disuasivo de la delincuencia,
estamos ante políticos incapaces de asumir sus responsabilidades con ética y
coraje.
La aprobación la semana pasada por la Cámara de Diputados
de un aumento de las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión a menores que
delinquen en edades entre 13 y 15 años, y de 5 a 15 para los de 16 a 18 años,
es un acto de irresponsabilidad política, aunque lo aplauda la mayoría de la
población, que con justa razón, se siente aterrada por la delincuencia.
Durante largo tiempo se ha debatido en muchas sociedades
el papel de la pena en el combate a la criminalidad. Muchos han creído que al
aumentar las penas, los delincuentes potenciales desistirán por miedo a una
larga condena.
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Legislatura Romana. Ciceron desenmascara a Catilina, obra de Cesare Maccari (1840-1919)
La evidencia científica es inconclusa porque nunca se ha
podido aislar la magnitud de la pena de otras condiciones. Por ejemplo, la
disminución de la delincuencia en Estados Unidos en la década de 1990, donde se
ha cacareado que fue por más encarcelamientos y mayores penas, se produjo en
medio de prosperidad económica, del uso de nuevas tecnologías de investigación
policial y el envejecimiento de la población. Además, Estados Unidos es el país
con más presos per cápita en el mundo.
Volviendo al caso dominicano y a los menores, es cierto
que muchos niños y jóvenes, sobre todo de familias de bajos ingresos, están
insertos en la delincuencia, fenómeno que se ha agudizado por el avance del
narco y del micro-tráfico.
Pero independientemente de la capacidad que hayan
desarrollado para delinquir, la investigación sicológica indica que los menores
de edad tienen menor desarrollo cognitivo para establecer la relación entre
acción y peligro. Por eso muchas veces los jóvenes incurren en acciones que a
los adultos les parecen descabelladas o aberrantes.
Pensemos en estas preguntas: ¿tiene un niño dominicano de
14 años conocimiento del Código del Menor? ¿Es su predisposición racional
discernir que si mata para robar le pondrán 10 años de cárcel en vez de tres?
¿Lo piensa cuando se involucra en una ganga criminal para obtener dinero y
poder? Probablemente la respuesta a todas estas preguntas sea un no, y por eso,
el argumento de que mayores penas a los menores será un disuasivo tiene un
débil sustento.
Asumamos por un instante que los niños y jóvenes
delincuentes tienen una racionalidad altamente desarrollada. Si así fuera,
entonces pensarán que si caen presos encontrarán la forma de salir de la cárcel
antes de cumplir la condena como hacen otros. Ahí tampoco actuaría como
disuasivo la magnitud de la pena.
Si la cárcel se concibe como rehabilitación, no sólo
castigo, ¿cuánto tiempo se necesita para rehabilitar un menor de edad: un año,
tres, cinco o diez? Y si el objetivo no es rehabilitación, ¿qué hará la
sociedad dominicana con esos niños y jóvenes cuando salgan de la cárcel?
Antes de enviar muchos niños y jóvenes presos por muchos años por sus actos
delictivos, que sin duda son nocivos, deberían primero ir presos los adultos
responsables de no haber invertido lo suficiente en la educación pública para
ofrecer oportunidades de desarrollo a la niñez y la juventud dominicana, los
responsables del auge del narco y del micro-tráfico, y los responsables de no
haber forjado una economía con más y mejores empleos.
Vergüenza deberían tener los legisladores de establecer
mayores condenas a menores, en vez de legislar para mejorar las condiciones de
vida en la sociedad dominicana. Atención congresistas: la fiebre no está en la
sábana.
Santo Domingo, R.D., miercoles, 26 de septiembre de 2012.
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