Miguel
Ceara-Hatton
El Gobierno no acaba de entender lo que se discute del
llamado “paquetazo del conconete”. No es el tamaño del gobierno, ni que la
presión fiscal es baja, ni que el desarrollo necesita financiamiento. Esa no es
la discusión. Ahí estamos de acuerdo.
El problema es que la economía dominicana recibió un
choque de gasto de RD$141 mil millones. De RD$333.8 mil millones en 2011 a
RD$475.6 mil millones en 2012 (sin considerar el pago de la deuda). Ese
desorden fiscal se produjo por unas elecciones, donde un grupo de políticos
tomó la decisión de comprar impunidad a cualquier precio, aunque ello
significara empobrecer a toda la población, aplicando luego una reforma
impositiva para que el pueblo pague.
Nos dicen que el déficit es estructural. No es cierto
porque un fenómeno estructural en economía se expresa en forma inercial,
estable y persistente. No da un salto como ocurrió entre 2012 y 2011, cuando
creció en 46%, unas 5.4 veces el promedio de los dos años anteriores.
Nos dicen también que el “paquetazo” refleja la Ley de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Las leyes hay que cumplirlas por la
ciudadanía y por funcionarios públicos, aunque sean del PLD. Sin embargo,
cuando los políticos decidieron gastar más de lo que debían, violaron la
Constitución (artículo 236), la Ley de Orgánica de Presupuesto, la Ley 294-11 y
la 174-12, la de compras y quién sabe cuantas más y no ha pasado nada con los
responsables de esas decisiones. El Gobierno, ni siquiera ha planteado los
correctivos para que eso no vuelva a pasar. Entonces, qué garantías tiene la
ciudadanía de que mañana el mismo u otro grupo de políticos se “aloquen” y
empiecen a gastar sin control para reclamar luego otro paquetazo y generando
más privaciones al pueblo dominicano. Mientras no se corrijan las circunstancias
que permitieron esta locura no se le puede dar un centavo adicional al
Gobierno.
Se habla de que el Estado debe gastar más y por lo tanto
hay que montarse en el nivel de 2012. El tema es gastar con eficiencia y
calidad. El aumento de 46% de gasto apenas produjo un aumento de 3.8% de
crecimiento del PIB. Pero además, lo ocurrido en 2012 es excepcional y no se
puede tomar como base para el cálculo del presupuesto de 2013. La base debe ser
2011 y el CES plantea un aumento de 23% pero el gobierno pretende un aumento de
41%, casi igual al de 2012, como si se siguiera en campaña política. De
repetirse los gastos del 2012 en el 2013, se convertiría una situación
excepcional en algo cada vez más estructural.
El riesgo es caer en otro hoyo mañana; hay que corregir
lo que está mal.
Santo Domingo, R.D., viernes, 19 de octubre de 2012.
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