Orlando Jorge Mera
La discusión sobre la propuesta de reforma fiscal ha
desnudado las debilidades y las carencias institucionales. Por un lado, el partido de gobierno utilizó
los recursos públicos para imponerse en las pasadas elecciones; y por otro
lado, el déficit fiscal es una consecuencia directa de que no existen
mecanismos efectivos que sancionen las violaciones a las leyes del presupuesto,
aún cuando esas sanciones estén previstas.
El sistema político – electoral nacional se ha
agotado. Con el andamiaje jurídico y
legal que existe no se puede enfrentar la gran debilidad institucional develada
por la crisis económica. El gobierno dispone de mecanismos financieros internos
que le permiten disponer los recursos del estado para ser utilizados en
diferentes objetivos políticos sin que exista los controles y contrapesos
necesarios. No hay por lo tanto equidad en la competencia política.
Para enfrentar esta realidad, hay dos etapas necesarias
para prevenir y evitar que este desastre se repita en el futuro: Primero, es
necesario normar y reglamentar los instrumentos de supervisión presupuestaria
del Estado y de sus entidades descentralizadas para regular el proceso previo a
la celebración de las elecciones nacionales, estableciendo topes y controles
transparentes; y Segundo, es necesario establecer una ley de garantías
electorales que doten de confianza y credibilidad el proceso eleccionario,
conjuntamente con la ley de partidos políticos, tan necesaria.
Es incomprensible que se hable de reforma fiscal sin una
reforma política. Ambas deben ir en el mismo nivel. Si el PLD aprueba el nefasto
paquete impositivo, sin la correspondiente reforma política, dentro de poco, se
volverá a repetir la actual historia. Volverá otro parche tributario.
Hay que establecer mecanismos que establezcan
responsabilidades y rendición de cuentas, como parte de una reforma política
que nos coloque en otro nivel institucional más fuerte y transparente.
Santo Domingo, R.D., sábado, 27 de octubre de 2012.
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