Orlando Gómez Torres
A medida que la delincuencia en nuestro país ha ido aumentando, más dedos apuntan hacia la Justicia en la búsqueda de culpables. Las declaraciones dadas en el fin de semana por el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, parecen hacer eco a esa percepción. Hasta el momento los jueces correctamente se han abstenido de sumarse al circo mediático creado por el Ministerio Público, víctimas, políticos y la opinión pública sobre el tema de la delincuencia, pero en un país donde la prensa es deficiente en su labor de investigar, y donde el chisme prevalece sobre los hechos hasta el punto de hacerse ley, quizás ya es tiempo que la versión de los magistrados empiece a hacerse un poco más vocal.
Que existan jueces que tomen decisiones basadas por parentezco, afinidad, temor o sí, incluso por dinero, es posible. Pero nada parece indicar que esto sea algo rampante dentro de la justicia, ni siquiera común a en la forma que lo solía ser en épocas pasadas. No es necesario profundizar demasiado en el tema de la delincuencia en el nivel jurisdiccional para comprender donde reside allí su debilidad, y una vista rápida indicaría que no son los jueces.
Si la prensa local fuera más tenaz, de la noticia donde un acusado de más de una treintena de homicidios resultó liberado por falta de pruebas, los titulares y el enfoque no hubiera consistido en valorar la decisión del tribunal, la calidad del juez o lo “públicamente reconocido” de los hechos cometidos. Lo realmente cuestionable es que, a pesar de que la supuesta culpabilidad del acusado era de “notoriedad pública”, lo único que tenía el Ministerio Público para mostrar de ello eran declaraciones de testigos. No soy penalista, pero en derecho elemental se sabe que la prueba más débil es justamente la testimonial, y es francamente insultante que el Ministerio Público basara un caso de tanta relevancia mediática como ese, en un montón de testigos que al final se abstuvieron de declarar.
Si en esa ocasión, con todo el país pendiente del resultado de ese caso, el Ministerio Público tuvo el descaro de presentarse ante los tribunales sustentando su expediente en simples declaraciones testimoniales? Què se puede esperar de los menos conocidos? Revisando otros casos notorios de liberación de imputados, usted podrá verificar igualemente expedientes pobremente sustentados.
Y así se destapan las acusaciones hacia la justicia, los razgados de vestiduras de los fiscales, las ridículas declaraciones de miembros de la Iglesia Católica, las lapidaciones en la prensa, modificaciones tanto risibles como inconstitucionales en los códigos, y finalmente el discurso del Magistrado Germán, buscando o hablando de soluciones para un problema donde si final resolución no será encontrada.
El problema de la delincuencia va a ser mucho más complejo de resolver que enfocarnos en asuntos meramente jurisdiccionales, después de todo su raíz está enterrada en el empleo y la calidad de vida. Pero si deseamos apretar arriba para que los encargados de velar porque los delincuentes sean llevados a la justicia y debidamente castigados, no se puede ejercer esa presión sobre los jueces que no están para detener delincuentes sino para preservar derechos, esto debería recaer sobre el titular de la acción en justicia en nombre del Estado, el encargado de la política de persecución criminal de la República Dominicana, el Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D., miércoles, 11 de enero de 2012.
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